Cada 12 de diciembre, la ONU señala una fecha que pasa casi desapercibida para la mayoría, pero que toca uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad: El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal.
No es una conmemoración simbólica ni una consigna lejana sobre la que cortar una cinta, sino una llamada de atención sobre el derecho de todas las personas a recibir atención médica de calidad sin que ello suponga un sacrificio económico insoportable.
Este año, además, la efeméride se produce en un contexto especialmente significativo, marcado por la huelga de los médicos, ya comentada en estas páginas hace dos días, y por una situación de la sanidad que vuelve a evidenciar hasta qué punto el sistema necesita reflexión, compromiso y decisiones valientes.
Hablar de cobertura sanitaria universal es hablar de un principio básico: Que todas las personas, sin excepción, puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando los necesiten, sin que ello suponga un empobrecimiento o una carga económica insoportable.
No debería ser una aspiración idealista ni un lema vacío; debería ser un compromiso internacional asumido por los Estados y respaldado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Sin embargo, la distancia entre el compromiso y la realidad sigue siendo, en muchos lugares, demasiado grande.
La cobertura sanitaria universal no se limita a garantizar una consulta médica o un tratamiento puntual. Implica un sistema integral que incluya prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica también recursos humanos suficientes, infraestructuras adecuadas, medicamentos accesibles y una financiación justa y sostenible. Cuando alguno de estos pilares falla, el derecho a la salud se debilita y las desigualdades se profundizan.
Millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a servicios sanitarios esenciales, y otras tantas se ven obligadas a endeudarse o a renunciar a la atención médica por no poder pagarla. Esta realidad golpea con mayor fuerza a los colectivos más vulnerables, como personas con bajos ingresos, poblaciones rurales, migrantes, personas mayores o con enfermedades crónicas. La salud, en lugar de ser un factor de protección, se convierte así en un elemento más de exclusión.
En los países con sistemas sanitarios públicos, como España, la discusión no es ajena. La presión asistencial, el envejecimiento de la población, la falta de profesionales y la precarización laboral amenazan la sostenibilidad del modelo.
La huelga médica es solo un síntoma de un problema más profundo. Sin condiciones dignas para quienes cuidan, no puede haber una atención de calidad para quienes necesitan ser cuidados. Defender la cobertura sanitaria universal también significa defender a los profesionales sanitarios.
Este día internacional debería servir para evaluar con honestidad qué se está haciendo bien y, sobre todo, qué se está haciendo mal. Las políticas de salud no pueden depender de ciclos electorales ni de recortes coyunturales. Invertir en salud no es un gasto, es una inversión en bienestar, cohesión social y desarrollo económico. Los sistemas sanitarios fuertes no solo salvan vidas; también fortalecen sociedades.
En España, esa bandera de “la mejor sanidad del mundo”, que durante años fue motivo de orgullo, incluso con sus defectos, debería estar hoy mucho mejor cuidada y protegida. No podemos seguir asistiendo a cómo se degrada (o incluso prostituye) la gestión de este recurso público, ni a cómo se juega con un pilar esencial del Estado del bienestar que, conviene no engañarse, es lo que determina en gran medida si una sociedad puede considerarse avanzada o no.
Cuando los problemas se repiten en todas las comunidades autónomas, cuando los y las profesionales sanitarios llevan años manifestándose sin respuestas estructurales, y cuando lo que trasciende a la opinión pública son noticias ‘negativas’ sobre la gestión de hospitales, residencias y servicios asistenciales; como corrupción, problemas en residencias o las largas listas de espera en todo; resulta difícil mirar hacia otro lado. En ese escenario, la responsabilidad es política. De toda la política.
La pandemia de la COVID-19 dejó una lección clara: Nadie está a salvo hasta que todos lo estén. La falta de acceso a la salud en un punto del planeta tiene consecuencias globales. Por eso, la cobertura sanitaria universal no es solo un asunto nacional, sino un desafío colectivo. Requiere cooperación internacional, voluntad política y una ciudadanía informada y exigente.
En definitiva, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal nos interpela como sociedad. Nos obliga a preguntarnos qué modelo de salud queremos y a quién dejamos atrás cuando el sistema falla. La salud no puede ser un privilegio reservado a quienes pueden pagarla ni una promesa vacía sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Es un derecho humano fundamental que pagamos todas y que debe garantizarse de manera efectiva.
Recordar este día es recordar que la justicia social también se mide en profesionales, hospitales, centros de salud y consultas de atención primaria. Y que el verdadero progreso de una sociedad se refleja en cómo cuida de su gente, especialmente cuando más lo necesita.