El 18 de diciembre reúne dos conmemoraciones que, en el contexto español actual, dialogan de manera inevitable: El Día Internacional del Migrante y el Día Internacional de la Lengua Árabe.
Ambas fechas suelen abordarse desde la celebración simbólica o la retórica institucional, pero hoy exigen algo distinto. Exigen una reflexión crítica sobre el clima social que se ha ido consolidando en España, donde el racismo, especialmente contra personas negras, latinoamericanas, árabes y musulmanas, no solo persiste, sino que se normaliza.
El término “moro”, usado cotidianamente con desprecio, funciona como una categoría dentro de este racismo que simplifica y deshumaniza. Lejos de su origen lingüístico, no designa únicamente un origen étnico o cultural; opera como un marcador social que condensa pobreza, extranjería, sospecha y amenaza.
Es una palabra que no apunta a individuos concretos, sino a una figura abstracta sobre la que se proyectan miedos económicos, frustraciones sociales y culturales, y discursos políticos interesados. En ese sentido, no está funcionando como insulto aislado, sino una herramienta de orden simbólico.
El aumento de este racismo no puede entenderse como un fenómeno espontáneo ni como una simple “reacción” social. Está estrechamente ligado a un contexto de precarización material, crisis de acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos, complejo cultural y debilitamiento del contrato social.
En este escenario, señalar a un “otro” reconocible: Visible, pobre, extranjero, resulta funcional. La figura del migrante musulmán se convierte así en un chivo expiatorio conveniente. Suficientemente cercano como para ser temido, suficientemente desprotegido como para no poder responder.
La lengua árabe ocupa un lugar central en este proceso. No es solo un idioma; es un signo. En demasiados discursos mediáticos y políticos, el árabe deja de ser una lengua para convertirse en un indicio de alteridad radical.
Se sospecha de quien lo habla en el transporte público, se ridiculiza su sonoridad, se asocia automáticamente a fanatismo o atraso. Esta desconfianza contrasta de forma llamativa con la profunda huella que el árabe ha dejado en la historia cultural y lingüística de España, una huella que se celebra en abstracto mientras se rechaza en presente, salvo cuando quien la encarna es suficientemente rico como para resultar «inofensivo».
El problema no es, por tanto, cultural en sentido estricto. Es social y estructural. El rechazo no se dirige a todas las personas árabes o musulmanas ni a todas las personas migrantes, sino de manera selectiva a aquellas que encarnan la pobreza, la ‘informalidad’ laboral, la diferencia cultural interesadamente exagerada y la exclusión residencial.
El empresario extranjero, el turista, el inversor o el profesional aparentemente cualificado rara vez son objeto del mismo desprecio. El racismo que hoy se expresa contra es inseparable de una lógica clasista que penaliza la pobreza y luego la racializa.
Conviene también señalar la responsabilidad de los discursos públicos. La insistencia en vincular migración con inseguridad, la sobrerrepresentación de personas racializadas en noticias de sucesos y la ambigüedad calculada de ciertos mensajes políticos contribuyen a crear un clima donde el prejuicio no solo se tolera, sino que se legitima. No hace falta incitar abiertamente al odio cuando basta con sugerir, insinuar o repetir asociaciones dañinas hasta convertirlas en sentido común.
Nada de esto es abstracto ni lejano. Ocurre cada vez que se acepta como razonable llamar “problema cultural” a la pobreza, cada vez que se justifica una sospecha policial por el color de la piel o por la lengua que se habla, cada vez que se banalizan algunos términos como si no cargaran siglos de deshumanización.
Ocurre cuando se exige integración sin garantizar derechos, cuando se reclama seguridad sin igualdad, cuando se habla de convivencia mientras se tolera la exclusión como daño colateral inevitable.
La seguridad, las diferencias culturales que puedan desafiar la convivencia y los problemas asociados a la pobreza no se solucionan con estigmatización ni con discursos de odio. Se combaten con educación y cultura, con programas reales de integración e intervención social que reduzcan las diferencias, con un acceso efectivo y real al mercado laboral para migrantes y nacionales, con recursos suficientes en las puertas de entrada y con una implicación mucho mayor por parte de la Unión Europea. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política y un marco ético claro.
Migrar no define moralmente a nadie. Hablar árabe o profesar el islam no dice nada sobre la compatibilidad con una sociedad democrática. Provenir de una cultura diferente no te hace menos justo. La exclusión, en cambio, sí dice mucho sobre la sociedad que la produce.
Nombrar el racismo que atraviesa nuestra vida cotidiana no es un gesto retórico ni un acto de superioridad moral. Es una condición mínima para poder analizarlo, discutirlo y desmontarlo. Mientras se siga presentando como una opinión legítima o como una preocupación “natural”, seguirá operando sin resistencia real.
Estas dos fechas no piden celebración vacía. Piden cultura. Piden Derechos Humanos. Y piden honestidad. Porque cuando se relativiza el marco de los Derechos Humanos, cuando se los presenta como negociables o prescindibles, no se está expresando una opinión más. Se está renunciando al mínimo civilizatorio que nos separa de las bestias. Y la honestidad empieza por reconocer que el problema no son “los otros”, sino la facilidad con la que hemos aceptado mirarlos como tales, sin preguntarnos realmente qué hay detrás de todo ello.