La corrupción en España aparece, año tras año, entre las principales preocupaciones ciudadanas. No es casualidad: Estudios recientes estiman que su impacto económico podría alcanzar decenas de miles de millones de euros anuales. Una cifra difícil de imaginar y aún más difícil de medir.
Pero ¿qué significa realmente hablar de corrupción en España? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y por qué, pese a los avances en transparencia, sigue siendo un problema tan arraigado en la vida pública?
Para entender el alcance del problema conviene partir de cómo se mide y qué sabemos realmente del fenómeno.
El otro IPC: Índice de Percepción de la Corrupción
España obtiene una puntuación de 56 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional. Para entender el dato hay que recordar que este indicador no mide casos específicos, sino la percepción que tienen analistas, empresarios y expertos sobre la integridad del sector público.
En esta escala, el cero representa un nivel máximo de corrupción y el cien transparencia casi total. Situarse en 56 implica que España está en una zona intermedia, con una percepción de corrupción significativa, lejos de los países escandinavos, que superan los 85 puntos, y cerca de otros estados europeos donde los escándalos políticos han sido frecuentes en las últimas décadas.
Esa percepción no nace del vacío. Varios estudios coinciden en situar el coste económico de la corrupción en cifras desorbitadas. Uno de los cálculos más citados, divulgado por medios como RTVE y el diario ARA, señala que podría costar hasta 90.000 millones de euros al año si se suman sobrecostes, ineficiencias y desvíos de fondos públicos.
Otros análisis centrados en la contratación pública estiman entre 48.000 y 60.000 millones de euros anuales en sobrecostes derivados de adjudicaciones irregulares, amaños o falta de competencia. Incluso estudios académicos más conservadores, como uno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sitúan la factura en torno a 40.000 millones de euros. Estas cifras, aunque varían mucho, coinciden en un punto: El coste existe, es enorme y afecta a toda la sociedad.
Pero conviene matizar: Ninguna de estas estimaciones representa un cálculo exacto. La corrupción es opaca por definición y sus efectos no siempre se pueden medir directamente.
No solo hablamos de dinero que desaparece o se desvía, sino también de costes indirectos como proyectos ineficientes, inversiones que nunca llegan, pérdida de competitividad y una erosión lenta pero constante de la confianza en las instituciones. En otras palabras, la corrupción no solo vacía las arcas públicas; también deteriora el funcionamiento del Estado y la calidad democrática.
Un fenómeno extendido y territorial
Una parte importante del problema está en cómo se manifiesta la corrupción en España. A diferencia de otros países, donde predominan los grandes sobornos vinculados a empresas multinacionales o industrias extractivas, en España la corrupción ha tenido históricamente un componente territorial y urbanístico muy marcado.
Desde el año 2000 se han identificado más de 3.700 casos de corrupción de distinto tipo, y más de 600 municipios han estado implicados en algún escándalo. Esto incluye desde el urbanismo especulativo hasta adjudicaciones amañadas, pasando por redes clientelares locales y desvíos de subvenciones.
La contratación pública es, con diferencia, el foco más problemático. Con miles de contratos que se firman cada año, el margen de discrecionalidad sigue siendo alto y los mecanismos de control, insuficientes. Cuando un contrato se adjudica sin verdadera competencia, cuando se inflan precios o cuando se fraccionan encargos para evitar licitaciones, el resultado es siempre el mismo: El ciudadano paga más por servicios de menor calidad.
Las consecuencias: Mucho más que dinero perdido
Las consecuencias trascienden lo económico. La percepción ciudadana refleja el desgaste institucional: El 9 de cada 10 españoles considera que la corrupción es un problema grave o muy grave. La desconfianza afecta a la participación política, a la estabilidad institucional y a la calidad del debate público.
Además, la corrupción actúa como un freno para la inversión extranjera y la innovación, ya que las empresas evitan entornos donde las reglas del juego no están claras o no se aplican por igual.
¿Qué se puede hacer para reducir este problema? Aunque España ha mejorado en transparencia durante la última década, aún queda camino por recorrer.
Los expertos coinciden en varias líneas de actuación: Reforzar los organismos de control, proteger a los denunciantes, limitar la discrecionalidad en la contratación pública, mejorar la trazabilidad de las subvenciones y generalizar el acceso a datos abiertos que permitan auditar de forma independiente cómo se gasta el dinero público.
También es fundamental acortar los plazos judiciales y dotar a los tribunales de medios suficientes para investigar casos complejos que, a veces, duran más de una década.
La corrupción no es inevitable ni inherente a la política. Es, más bien, un síntoma de instituciones que necesitan fortalecerse y modernizarse. España tiene margen para mejorar y ejemplos de buenas prácticas que funcionan. La clave está en asumir que la corrupción no es solo un asunto de titulares, sino un problema que afecta al bolsillo, a la confianza y al futuro de todos.