¿Por qué vuelve el debate de la cuota de autónomos?
En 2022 España arrancó un cambio de modelo para los trabajadores por cuenta propia: que los autónomos coticen según ingresos reales netos, es decir, beneficios tras gastos, y no una base “fija” elegida casi a ciegas. Era una reforma plurianual que preveía ir ajustando tramos y cuotas hasta comienzos de la próxima década.
Este nuevo sistema se aprobó mediante el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La norma estableció un calendario de implantación progresiva entre 2023 y 2032, con 15 tramos de cotización revisables anualmente.
Cada autónomo debe declarar una previsión de ingresos netos al inicio del año y puede modificar su base de cotización hasta seis veces durante el ejercicio. Finalmente, tras presentar la declaración de la renta, la Tesorería General de la Seguridad Social regulariza la cuota: si el autónomo ha pagado de más, se le devuelve; si ha pagado de menos, debe abonar la diferencia.
El objetivo declarado por el Gobierno era modernizar un sistema considerado obsoleto y alinearlo con el principio de “contributividad”: que quien más gana, más aporte, y que quienes ingresan menos puedan tener una cuota reducida. También respondía a una exigencia de Bruselas, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pedía avanzar hacia cotizaciones más ajustadas a los ingresos reales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Sin embargo, el debate ha vuelto con fuerza. En octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad Social envió a las asociaciones de autónomos un borrador con subidas relevantes para 2026, lo que provocó fuertes críticas y tensiones políticas. Tras la polémica, el Gobierno rectificó: plantea congelar en 2026 las cuotas de los tres tramos más bajos (hasta unos 1.166,7 euros mensuales de rendimiento neto) y moderar el alza del resto con incrementos de entre 3 y 15 euros al mes (alrededor de un 1 %–2,5 % según tramo) (RTVE, 20/10/2025).
La rectificación no ha cerrado el conflicto. Las asociaciones piden más progresividad en los tramos altos y mayor protección social para quienes menos ganan, mientras el Ministerio defiende que solo está aplicando el calendario acordado en 2022. La nueva tabla deberá aprobarse antes del 31 de diciembre de 2025 para entrar en vigor en enero de 2026.
Además, el contexto importa: el RETA sigue rondando los 3,4 millones de afiliados, un leve crecimiento en 2025, pero con gran heterogeneidad de ingresos y estacionalidad. Esa diversidad explica por qué cualquier modificación de cuotas tiene un impacto inmediato y desigual en la base del colectivo (El Español, 20/10/2025).
La medida: qué cambia exactamente y a quién afecta
El sistema de cotización por ingresos reales, implantado desde 2023, divide a los autónomos en 15 tramos según su rendimiento neto mensual (ingresos menos gastos deducibles). En función de ese tramo, cada persona paga una cuota mensual distinta, que cubre la Seguridad Social, jubilación y otras prestaciones.
Para 2026, el Gobierno presentó una propuesta de revisión que inicialmente contemplaba subidas de entre 11 y 206 euros al mes, pero tras la reacción generalizada ha optado por rectificar y moderar los incrementos.
| Tramo de ingresos netos mensuales (aprox.) | Cuota 2025 (€) | Propuesta 2026 (€) | Variación (€) |
| Hasta 670 € | 225 € | 225 € (sin cambios) | 0 € |
| 670 – 900 € | 250 € | 250 € (sin cambios) | 0 € |
| 900 – 1.166 € | 275 € | 275 € (sin cambios) | 0 € |
| 1.166 – 1.500 € | 294 € | 297 € | +3 € |
| 1.500 – 1.900 € | 370 € | 377 € | +7 € |
| 1.900 – 2.330 € | 420 € | 430 € | +10 € |
| 2.330 – 2.760 € | 475 € | 487 € | +12 € |
| 2.760 – 3.190 € | 530 € | 543 € | +13 € |
| 3.190 – 3.620 € | 590 € | 605 € | +15 € |
| Más de 3.620 € | 590 € (tope unificado en 2025) | 605 €–630 € aprox. | +15 €–+40 € |
(Cifras aproximadas basadas en el borrador ministerial de octubre de 2025 y publicaciones de RTVE).
En la práctica, alrededor del 70 % de los autónomos quedará sin cambios o con subidas inferiores a 10 euros, mientras que el 10 % con mayores ingresos asumirá el mayor esfuerzo contributivo.
Un sistema que busca progresividad, pero genera tensiones
El principio es claro: que la aportación sea proporcional al beneficio real. En teoría, el modelo mejora la equidad y acerca las cotizaciones de los autónomos al régimen general. Pero su aplicación está siendo compleja:
- – Los ingresos fluctúan mucho mes a mes, lo que dificulta encajar el tramo correcto.
- – La carga administrativa ha aumentado: muchos deben ajustar bases o esperar la regularización final.
- – Sectores como la hostelería, el comercio o la cultura sostienen que el sistema no refleja bien sus gastos reales, difíciles de justificar ante Hacienda.
El Gobierno argumenta que este esfuerzo transitorio permitirá que, en unos años, los autónomos coticen de forma más justa y accedan a mejores prestaciones (como jubilación o cese de actividad). Pero gran parte del colectivo lo percibe como una subida de costes en un momento de debilidad económica, más que como una reforma equilibrada.
La realidad de los autónomos y los posibles efectos de la subida
En España hay más de 3,3 millones de autónomos, cerca del 15 % del empleo total, y representan una pieza esencial del tejido económico. Sin embargo, es uno de los colectivos más frágiles y desprotegidos del mercado laboral.
Ingresos bajos y gran incertidumbre
El ingreso medio declarado ronda los 1.700 euros netos mensuales, aunque casi un 60 % afirma ganar menos de 1.300 euros (ATA, Informe 2024). Para muchos, pagar una cuota superior a 250 € supone una carga considerable.
Además, la irregularidad de ingresos (por temporada, demanda o salud del negocio) hace que el sistema de tramos, basado en previsiones anuales, no siempre refleje la realidad mensual.
Durante años, la mayoría de los autónomos cotizaba por la base mínima, lo que explica en parte sus pensiones de jubilación más bajas. La reforma intenta corregir esa tendencia, pero al hacerlo aumenta la aportación de quienes ya están al límite, sin ofrecer mejoras visibles a corto plazo.
Prestaciones aún insuficientes
Las cuotas financian jubilaciones, bajas y ayudas por cese de actividad, pero las prestaciones siguen siendo más bajas que las de los asalariados:
- – Las pensiones de jubilación de los autónomos son, de media, un 40 % inferiores a las del régimen general (Seguridad Social, 2025).
- – Las bajas por enfermedad o el paro de autónomos son menos accesibles y con cuantías reducidas.
El Real Decreto-ley 13/2022 buscaba precisamente vincular cotización y protección: quien cotiza más, debería tener derecho a mejores coberturas. Pero esa relación aún no se ha traducido en beneficios tangibles. Para muchos, “cotizar más no significa vivir mejor”.
Riesgos y efectos colaterales
Las principales organizaciones del sector, ATA, UPTA y UATAE, coinciden en que, aunque las subidas sean moderadas, pueden generar efectos adversos:
- – Desincentivar nuevas altas de jóvenes o emprendedores.
- – Fomentar la economía sumergida, ya que algunos podrían mantenerse por debajo del umbral que los obligue a subir de tramo.
- – Reducir la competitividad de negocios con márgenes estrechos (tiendas, hostelería, transporte, cultura).
Desde la óptica económica, algunos expertos defienden que la cotización por ingresos reales mejora la sostenibilidad del sistema de pensiones y refuerza la justicia contributiva: quien más gana, más aporta.
El reto está en no penalizar a los que menos tienen ni generar más burocracia e inseguridad.
En resumen
El nuevo modelo de cuotas de autónomos busca modernizar un sistema desfasado, hacerlo más justo y equilibrar las cuentas públicas. Pero su aplicación está resultando accidentada y confusa.
La propia norma prevé una evaluación cada tres años, con participación de las asociaciones, para corregir desajustes. Esa cláusula técnica se ha convertido ahora en el verdadero campo de batalla político.
Los autónomos, mientras tanto, siguen sintiendo que se les pide mucho y se les devuelve poco. Más allá de cifras y tramos, el debate revela un problema de fondo: cómo proteger y reconocer a quienes trabajan por su cuenta en un país donde emprender sigue siendo un acto de riesgo más que una oportunidad de futuro.