En el marco del Debate sobre el Estado de la Región, Emiliano García Page ha anunciado una nueva Estrategia de Acción para la Vivienda compuesta de 11 medidas que prometen enfocarse y favorecer al colectivo juvenil.
El paquete de los socialistas manchegos incluye: un préstamo a tipo 0 % para cubrir el 20 % no financiado por los bancos en la compra de la primera vivienda, deducciones fiscales que reducen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5 % al 3 % y el de Actos Jurídicos Documentados del 0,5 % al 0,25 %, así como la ampliación de la deducción por alquiler de 450 a 500 euros.
Además, y como noticia estrella, se prevé una inversión de 45 millones de euros para construir unas 700 viviendas de protección pública y la creación de un registro de demandantes de vivienda protegida.
La estrategia contempla también protocolos con entidades financieras, la liberación de solares y edificios públicos para generar unas 2.000 nuevas viviendas, la simplificación del cambio de uso del suelo para ampliar el suelo residencial, y la reclasificación de suelo rústico mediante planes especiales en zonas rurales, junto con ayudas técnicas a pequeños municipios para redactar su planeamiento urbanístico.
Sin embargo, este plan plantea muchas dudas, precisamente por el contexto estructural que arrastra España en materia de vivienda.
En los últimos años, el acceso a la vivienda en España se ha consolidado como uno de los desastres estructurales de este país, además de convertirse en uno de los principales retos sociales y económicos. Los precios del alquiler y la compra han crecido por encima de los salarios, especialmente en las capitales y en zonas con escasa oferta residencial.
En Castilla-La Mancha, aunque los precios son más bajos que la media nacional, el problema adopta otra forma: falta de oferta en alquiler asequible, viviendas envejecidas en mal estado y despoblación rural que deja muchos inmuebles vacíos sin posibilidad real de rehabilitación.
Esta doble realidad, la presión urbana y el abandono rural, ha generado un mercado desequilibrado donde los jóvenes y las familias con ingresos medios encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna, o una vivienda, simplemente.
Ante este contexto, la Estrategia de Acción para la Vivienda 2026-2030 del Gobierno regional plantea medidas ambiciosas, como préstamos a tipo cero, deducciones fiscales y una inversión de 45 millones de euros para construir vivienda pública. Si se ejecuta eficazmente, el plan podría favorecer la emancipación juvenil, dinamizar el sector de la construcción y revitalizar zonas urbanas y rurales con nueva oferta habitacional.
Sin embargo, también genera dudas: el efecto de las deducciones fiscales puede ser limitado si los precios siguen al alza, y el impacto real dependerá de la capacidad administrativa y financiera de los municipios para aplicar los programas. Además, si no se garantiza un equilibrio territorial, la inversión podría concentrarse en las capitales, dejando de lado a las comarcas más afectadas por la despoblación.
Pese a su planteamiento integral, cabe preguntarse hasta qué punto esta estrategia resolverá, o por lo menos aliviará, el problema de la vivienda. Las medidas anunciadas inciden más en el acceso que en la regulación del mercado, y su éxito dependerá tanto del control de los precios como del compromiso de la banca y los promotores privados.
Si el plan no logra coordinarse con políticas de empleo, transporte y repoblación, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de impacto limitado, o un parche, más orientada a aliviar la coyuntura actual que a transformar de manera sostenible el modelo de vivienda en Castilla-La Mancha.
El problema de la vivienda no se resuelve con cifras ni anuncios puntuales. Se resuelve con voluntad política real, con planificación pública sostenida y con una visión que entienda la vivienda como un derecho, no como un bien especulativo.
Las medidas presentadas pueden ser un paso, pero no bastan si no se acompañan de una estrategia integral del estado que frene la especulación, garantice el alquiler asequible y devuelva al Estado y a las comunidades autónomas su papel de impulsores del parque público. Sin ese compromiso estructural, los jóvenes seguirán viendo la vivienda como un horizonte lejano y no como una base desde la que construir su futuro.
La ciudadanía no necesita promesas, necesita certezas. Viviendas que existan, alquileres que se puedan pagar, leyes que protejan a quien vive y no solo a quien invierte. Mientras los discursos se repiten y los precios suben, cada vez más personas se quedan al margen del derecho más básico: tener un hogar. Y ahí está el verdadero reto para Castilla-La Mancha y para España: pasar de los planes al cumplimiento, de los anuncios a los ladrillos, y de la política declarativa a la vivienda real.