En estos días asistimos a una nueva huelga médica, convocada del 9 al 12 de este mes, en contra de la propuesta de Estatuto marco y para denunciar la sobrecarga asistencial, la falta de recursos, la precariedad laboral y la ausencia de reconocimiento para quienes sostienen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar: La sanidad pública.
No es la primera vez que el sector de la salud pública se echa a la calle, y siempre con reivindicaciones muy similares, que parecen seguir sin ser escuchadas. Independientemente del acuerdo o desacuerdo con los matices o medidas particulares que se exijan, es evidente el problema que hay en el sistema sanitario español es grande y a muchos niveles, y una huelga de estas características, no resulta una sorpresa.
Como ocurre cada vez que un grupo profesional o social se moviliza, surgen de inmediato dos preguntas: ¿Por qué debo apoyar una huelga que, aparentemente, no me afecta de manera directa? ¿Debo apoyarla si no estoy de acuerdo 100% con todo lo que demanda pero sí con la situación que denuncia?
La respuesta es más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda de lo que parece. Toda reivindicación social que defiende derechos colectivos, condiciones laborales dignas o servicios públicos de calidad, acaba repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía, aunque en el corto plazo no lo percibamos o incluso nos resulte incómoda.
El derecho a huelga, recogido en la Constitución y reconocido en todas las democracias avanzadas, no es un simple mecanismo de presión laboral. Es una herramienta social para corregir desequilibrios de poder entre quienes prestan servicios esenciales y quienes los gestionan. Y su legitimidad no depende de si nos viene bien o mal el día que se convoca. Una huelga no busca comodidad, sino justicia.
Su fuerza reside en lo que revela: Que algo no funciona, que un colectivo ha agotado todas las vías previas de negociación y que la sociedad debe mirar de frente ese problema, porque ignorarlo solo pospone el deterioro.
Cuando hablamos de los médicos, el debate es aún más evidente. ¿Cómo no habría de afectarnos su lucha? ¿Cómo podríamos pensar que el colapso de la sanidad pública, la falta de plantillas, las guardias interminables y la carrera profesional paralizada desde hace años son asuntos ajenos?
Cada consulta saturada, cada médico exhausto, cada descenso en la calidad asistencial repercute directamente en el bienestar de cualquier ciudadano, tarde o temprano. Apoyar sus reivindicaciones, aunque no sea desde el acuerdo absoluto, o simplemente, reconocer que existe el problema y ponerse a su lado manifestando las diferencias que se pueda tener, significa defender una sanidad que pueda seguir siendo universal, gratuita y eficaz.
Pero este editorial no va solo de médicos. Va de una forma de entender la convivencia. Vivimos en un tiempo en que el individualismo se presenta disfrazado de eficiencia, en que se nos invita constantemente a preocuparnos solo por lo que afecta a nuestra burbuja inmediata.
Ese enfoque, aparentemente práctico, es profundamente corrosivo. Una sociedad que solo defiende las causas que la afectan directamente es una sociedad condenada a la fragmentación, incapaz de articular respuestas comunes frente a problemas estructurales.
Apoyar las reivindicaciones sociales, aun cuando no nos toquen de forma directa, es un acto de responsabilidad comunitaria. Hoy son los médicos quienes reclaman condiciones dignas; mañana serán los docentes, los agricultores, los transportistas o los trabajadores sociales.
Y la legitimidad de cada una de esas luchas está conectada: Cuando debilitamos una, debilitamos todas. Cuando exigimos a un colectivo que renuncie a su derecho a huelga porque nosotros necesitamos que ese día no falte a su trabajo, estamos diciendo, sin querer, que ningún trabajador tiene derecho real a defenderse.
La tentación de culpar a quienes se movilizan es comprensible: Las huelgas producen molestias, retrasos, tensiones. Pero culpar al huelguista es como culpar al termómetro por indicar fiebre. El problema no está en la protesta, sino en la enfermedad que la provoca. En el caso de la huelga médica, la sobrecarga asistencial, la falta de inversión sostenida y el deterioro progresivo de la sanidad pública vienen de lejos, y si no se afrontan ahora, pronto afectarán de manera irreversible a todos.
Por eso este editorial es una invitación a mirar más allá del interés inmediato. A reconocer que la defensa de derechos laborales es siempre una defensa de derechos sociales. A entender que cada conquista de un colectivo mejora, directamente o por extensión, la calidad democrática del conjunto. Y, sobre todo, a recordar algo esencial: Que somos ciudadanos, no clientes. Que los servicios públicos no son productos que se consumen, sino logros colectivos que se construyen, se cuidan y, cuando hace falta, se reivindican.
El derecho a huelga no es solo un derecho laboral: Es un recordatorio de que una sociedad justa se construye también en las calles, en la protesta, en la exigencia activa de dignidad. Y apoyar esas luchas, incluso cuando no son las nuestras, es la mejor manera de garantizar que, cuando llegue nuestro turno de reclamar, no lo hagamos en soledad.