Cada 3 de diciembre, Castilla-La Mancha se vuelve a mirar en un espejo que nunca devuelve la misma imagen: El de la discapacidad. No es una fecha cualquiera del calendario internacional. Es un recordatorio anual, fijado por Naciones Unidas en 1992, para hablar de derechos, accesibilidad, autonomía y vida digna. Para preguntarse, sin rodeos, quién está dentro y quién se queda fuera cuando se habla de inclusión.

La discapacidad en la región es una realidad extendida que atraviesa pueblos pequeños y barrios de ciudad, centros de salud, colegios, residencias y centros de trabajo. Según datos difundidos por la Junta en 2023, 161.000 personas tienen reconocido un grado de discapacidad. Representan aproximadamente el 7,5 % de la población: Uno de cada trece habitantes. Un dato que obliga a dejar de pensar en la discapacidad como algo excepcional.

Pero más allá de la cifra, lo importante es lo que significa. El reconocimiento administrativo es solo la puerta de entrada a derechos y apoyos. Detrás de cada certificado hay una historia distinta. La de la persona mayor que ya no camina como antes, la del joven que necesita apoyos continuados, la de la familia que organiza su día en torno a citas médicas que nunca encajan bien en los horarios del trabajo, o la de quien ha aprendido a improvisar soluciones porque no puede esperar a que llegue una ayuda.

Una realidad amplia que exige respuestas amplias

La pregunta lógica es: ¿Cómo se atiende a toda esa gente? Y ahí empieza el mapa real.

La red pública de atención reúne en 2025 384 recursos especializados, centros, servicios, dispositivos de apoyo, que atienden a más de 15.350 personas. Es una estructura grande y diversa, sostenida en buena parte por profesionales que acompañan, enseñan, supervisan y cuidan sin hacer ruido. Para muchas familias, esta red es el punto de apoyo que hace que la semana sea posible.

El empleo es otro pilar fundamental. En Castilla-La Mancha funcionan aproximadamente un centenar de Centros Especiales de Empleo, que ofrecen una vía real de acceso al trabajo para quienes encuentran más barreras en el mercado laboral ordinario.

En una región extensa y desigual en transporte y oportunidades, estos centros actúan como un anclaje para muchas personas. Para reforzar esta vía, en 2025 la Junta puso en marcha un programa dotado con más de 31 millones de euros, destinado a impulsar la contratación de alrededor de 5.000 personas con discapacidad. Una inversión que busca ampliar las opciones laborales y sostener proyectos de vida que dependen directamente del empleo.

Todo esto convive con una geografía que condiciona la vida diaria. En Castilla-La Mancha, donde las distancias se miden por comarcas enteras, la discapacidad no se vive igual en la calle central de una capital que en un municipio con un solo autobús al día. A veces, el recurso existe, pero está lejos; y la distancia, en casos así, es mucho más que un problema logístico: Es una barrera en sí misma.

Invertir para sostener la vida diaria

La otra gran pata del sistema son las ayudas públicas, que no han dejado de aumentar. En 2024 se destinaron 159 millones de euros a políticas de discapacidad, la cifra más alta hasta entonces según la Junta de Comunidades. En 2025 se mantuvo el impulso con 157 millones, destinados a sostener la red pública y a reforzar servicios que, para muchas personas, no son un complemento sino una tabla de salvación.

A finales de 2024 se lanzó una gran convocatoria de 66 millones de euros para que las entidades sociales pudieran mantener y ampliar servicios en 2025. Con esa inversión se financian 370 recursos, el trabajo de 6.700 profesionales y la atención de 14.400 personas usuarias. Todo lo que no aparece en los discursos; los talleres, las viviendas con supervisión, los apoyos en domicilio, los centros de día; pasa por ahí.

Y en 2025 llegó otro movimiento importante: 71,1 millones de euros en ayudas destinadas a más de 12.000 familias. Apoyos personales, transporte, accesibilidad, programas de respiro, etc. En una comunidad con esta idiosincrasia, estas ayudas no son un añadido, sino lo que permite que el equilibrio familiar no se rompa cada semana.

Pero si algo se ve al mirar de cerca, es que las necesidades van siempre un paso por delante de las respuestas.

Donde más duele: Tiempos largos, distancias largas

El primer gran cuello de botella está en las valoraciones del grado de discapacidad. Los retrasos acumulados en algunos periodos han llegado a los 24 meses, un tiempo difícil de encajar para quien necesita un certificado para acceder a un apoyo o una ayuda que no puede esperar. Los refuerzos incorporados en 2024 han aliviado esa presión, tanto para familias como para los desbordados profesionales, pero no han podido cubrir la gran brecha que existe en cuanto a este tema.

La segunda barrera es la geografía. Kilómetros, cuestas, carreteras secundarias y pueblos dispersos que, en la práctica, convierten cada cita en una excursión. El servicio puede existir, pero llegar a él no siempre es viable. Esta desigualdad territorial es uno de los grandes desafíos reales de la región.

En el ámbito laboral, la fotografía también está marcada por contrastes. Los Centros Especiales de Empleo son imprescindibles, pero el salto al empleo ordinario sigue siendo estrecho. Falta adaptación de puestos, falta acompañamiento y falta oportunidad. La inversión ayuda, pero los cambios de fondo avanzan lento.

Y luego están las familias, el pilar silencioso sin el cual el sistema colapsaría. Son ellas quienes reorganizan horarios, trabajos y agendas. Quienes acompañan a terapias, gestionan papeles, compensan retrasos y sostienen la parte emocional del proceso. Las ayudas alivian, sí, pero no eliminan la carga cotidiana que asumen a diario.

A todo esto se suma un problema que rara vez aparece en los titulares, pero que cualquier profesional del sector reconoce: La falta de personal y la sobrecarga de muchos equipos. En los centros, en los servicios de atención y en los propios procesos de valoración, el trabajo acumulado es enorme. Psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, educadores y técnicos encadenan expedientes, urgencias y tareas que, en teoría, deberían repartirse entre más manos.

Cuando las plantillas son ajustadas y las necesidades crecen, la consecuencia es inevitable: Tiempos más lentos, profesionales agotados y una sensación compartida de que siempre faltan horas para llegar a todo. No es una cuestión de voluntad, sino de recursos humanos que no se cuidan como se debe y no siempre crecen al ritmo que lo hacen las demandas

Por encima de todo, queda un reto que atraviesa el sistema: Comprender la realidad con precisión. Falta desde la propia administración una mirada más profunda y un volumen real de inversión que permita identificar qué perfiles quedan fuera, que carencias tienen los servicios, que necesidades tienen profesionales y usuarios, en qué comarcas se concentran las mayores dificultades, y cómo cambian las necesidades con la edad.

Mirar hacia adelante sin perder de vista lo urgente

La discapacidad en una comunidad envejecida y que aumenta cada año su edad media como Castilla-La Mancha, no es una excepción; es parte de la vida diaria. Las cifras muestran una región que ha invertido, que ha ampliado recursos y que ha puesto sobre la mesa presupuestos ambiciosos, sí. Pero no es suficiente, y se sabe que no lo es. La vida de miles de personas avanza más rápido que la administración. Ahí está el reto de los próximos años, al que seguimos llegando tarde: No decir que se hace, sino llegar a tiempo.

Porque, al final, la diferencia entre una vida que se sostiene y una vida que se desborda está en que los apoyos lleguen cuando hacen falta.