Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, una jornada impulsada por las Naciones Unidas con un objetivo aparentemente sencillo: reflexionar sobre aquellas expresiones que promueven la discriminación, la hostilidad o la violencia contra determinados grupos sociales.

Sin embargo, pocas expresiones han generado tantas discusiones en los últimos años. Políticos, periodistas, jueces, activistas y ciudadanía recurren constantemente al término, pero no siempre para referirse a lo mismo. De hecho, cuanto más presente está en el debate público, más difícil parece resultar definirlo con precisión.

La controversia no es azarosa. Hablar de discurso de odio implica adentrarse en una de las tensiones más complejas de las democracias actuales: la relación entre la libertad de expresión, la protección de los colectivos vulnerables y los límites de la convivencia. Porque el problema no consiste únicamente en determinar qué mensajes pueden resultar dañinos, sino en decidir quién establece esa frontera y bajo qué criterios.

El origen de un concepto que no nació para proteger sentimientos

Uno de los errores más frecuentes al abordar esta cuestión consiste en pensar que el concepto de discurso de odio fue creado para evitar que determinadas personas se sintieran ofendidas. Sin embargo, su origen histórico responde a una preocupación mucho más profunda. No surge de la necesidad de proteger sensibilidades individuales, sino de la observación de cómo determinadas sociedades han construido procesos de exclusión colectiva a través del lenguaje.

Durante buena parte del siglo XX, y especialmente tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, historiadores, juristas y organismos internacionales comenzaron a analizar el papel que la propaganda había desempeñado en la persecución de minorías. Descubrieron que los grandes episodios de violencia masiva rara vez comenzaban con agresiones físicas. Antes aparecían relatos que presentaban a ciertos grupos como una amenaza para el orden social, como elementos peligrosos para la comunidad o como personas cuya presencia resultaba indeseable.

En el caso del régimen nazi, por ejemplo, la persecución de la población judía no comenzó con los campos de concentración. Durante años se desarrolló una intensa maquinaria propagandística destinada a asociar a los judíos con la decadencia nacional, la corrupción económica o la traición política.

Algo parecido ocurrió en otros contextos históricos, desde el genocidio de Ruanda hasta distintos episodios de limpieza étnica en los Balcanes. La violencia no apareció de la nada. Fue precedida por discursos que ‘parecían muy lógicos’ pero que erosionaron progresivamente la percepción de igualdad entre ciudadanos.

Al final, no abordaba la raíz de un problema, sino que generalizaba y trataba a las personas como objetivo y raíz de ese problema.

Por esa razón, cuando instituciones como la ONU, el Consejo de Europa o distintos tribunales internacionales comenzaron a desarrollar marcos jurídicos sobre esta materia, su preocupación principal no era la ofensa. Lo que intentaban identificar era un fenómeno diferente: aquellos mensajes que contribuyen a deshumanizar colectivos enteros y que, en determinadas circunstancias, pueden facilitar procesos de discriminación sistemática.

La cuestión central no es si unas palabras resultan desagradables. La cuestión es si esas palabras ayudan a construir una imagen social que convierte a determinados grupos en objetivos legítimos de exclusión o rechazo.

La diferencia entre una idea incómoda y un discurso de odio

La dificultad aparece cuando se intenta trasladar esta reflexión a la vida cotidiana. Porque una democracia no puede funcionar sin conflicto, desacuerdo o confrontación de ideas. De hecho, buena parte del progreso político y social ha surgido precisamente de opiniones que en su momento fueron consideradas incómodas, provocadoras o incluso escandalosas.

Por eso resulta fundamental distinguir entre una expresión ofensiva y un discurso de odio. Aunque en el debate público ambos conceptos suelen mezclarse, desde el punto de vista jurídico y filosófico no significan lo mismo. Una crítica severa a una religión, una ideología, un partido político o una institución puede generar indignación sin constituir necesariamente un discurso de odio. Del mismo modo, un comentario grosero o un insulto individual pueden ser reprobables sin encajar dentro de esta categoría.

La diferencia suele encontrarse en el objeto del mensaje. Mientras la crítica se dirige hacia ideas, comportamientos o decisiones concretas, el discurso de odio suele centrarse en las personas por características que forman parte de su identidad. No se cuestiona lo que alguien hace, sino lo que alguien es.

Sin embargo, incluso esta distinción genera controversias. ¿Es posible criticar determinadas prácticas religiosas sin atacar a quienes las profesan? ¿Dónde termina la crítica a una ideología y dónde comienza la estigmatización de quienes la comparten? ¿Puede una generalización negativa sobre un colectivo considerarse automáticamente discurso de odio? Las respuestas no siempre son evidentes, y precisamente por eso los tribunales de distintos países han llegado a conclusiones diferentes ante casos aparentemente similares.

Lo que sí parece existir es cierto consenso en torno a una idea: la clave no reside únicamente en el contenido de las palabras, sino también en su contexto, su alcance y sus posibles consecuencias sociales.

¿Quién decide qué es odio?

La pregunta más difícil de todas no es qué mensajes pueden resultar peligrosos. La verdadera cuestión es quién tiene la autoridad para decidirlo.

Toda sociedad democrática reconoce algún tipo de límite a la libertad de expresión. Prácticamente nadie defiende la legalidad de las amenazas directas, la incitación explícita a la violencia o la apología de determinados crímenes. La fina línea aparece cuando se intenta regular situaciones menos claras, aquellas que se mueven en las zonas grises del debate.

Aquí emergen dos tradiciones diferentes. En buena parte de Europa, la experiencia histórica del fascismo y de los totalitarismos llevó a considerar que ciertos discursos pueden representar una amenaza suficiente para justificar restricciones legales. Por el contrario, en Estados Unidos se desarrolló una interpretación mucho más amplia de la Primera Enmienda, basada en la idea de que incluso las expresiones más extremas deben estar protegidas salvo que provoquen un daño inmediato y concreto.

Detrás de esta diferencia se encuentra una cuestión filosófica de enorme relevancia. El pensador austro-británico Karl Popper formuló en 1945 la conocida paradoja de la tolerancia. Según su planteamiento, una sociedad completamente tolerante podría terminar siendo destruida por quienes utilizan esa misma tolerancia para acabar con ella. Desde entonces, la pregunta sigue abierta: ¿hasta qué punto debe una democracia tolerar discursos que cuestionan la igualdad o la dignidad de determinados grupos?

No existe una respuesta universalmente aceptada. Y probablemente nunca exista. Cada sociedad establece sus propios equilibrios entre libertad y protección, entre pluralismo y convivencia. Lo que sí parece evidente es que la definición de discurso de odio nunca es una cuestión puramente técnica. Siempre implica decisiones políticas, jurídicas y culturales sobre el tipo de sociedad que se desea construir.

Un concepto necesario en una sociedad cada vez más polarizada

Quizá la principal enseñanza que deja este debate es que el discurso de odio no puede entenderse únicamente como una cuestión jurídica ni exclusivamente como un problema moral. Se trata, sobre todo, de un fenómeno social. Habla de cómo construimos la imagen de quienes son diferentes, de cómo se generan los prejuicios colectivos y de qué manera determinadas narrativas pueden influir en la convivencia.

Por eso la discusión sigue plenamente vigente. Las democracias necesitan proteger la libertad de expresión, pero también preservar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y frente a la opinión pública. Mantener ese equilibrio nunca ha sido sencillo y probablemente resulte todavía más complicado en una época marcada por la polarización, los algoritmos y la fragmentación de las conversaciones públicas.

Más de ochenta años después de que comenzaran a formularse las primeras reflexiones modernas sobre esta cuestión, seguimos discutiendo los mismos interrogantes fundamentales. No tanto porque ignoremos que el odio puede causar daño, sino porque seguimos tratando de comprender dónde termina la crítica legítima y dónde comienza un discurso capaz de erosionar los principios básicos de una sociedad democrática.