Cuarenta y cinco años después del 23-F, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar los archivos relativos al intento de golpe de Estado constituye algo más que un gesto simbólico. Es, potencialmente, un acto de madurez democrática.
Durante décadas, el 23 de febrero de 1981 ha sido uno de los episodios más estudiados, narrados y mitificados de la historia reciente de España. Las imágenes del teniente coronel Antonio Tejero irrumpiendo armado en el Congreso de los Diputados, los disparos al techo del hemiciclo y la incertidumbre de aquella noche forman parte de la memoria colectiva. También el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, quedó grabado como un momento decisivo para la consolidación democrática.
Sin embargo, junto a la narrativa oficial han persistido preguntas. ¿Qué grado de conocimiento previo existía en determinados sectores del Estado? ¿Qué papel desempeñaron los servicios de inteligencia, entonces bajo el nombre de CESID? ¿Hubo más actores implicados de los que se juzgaron? La historiografía ha avanzado, pero siempre con la sombra de documentos inaccesibles.
La decisión de que el Consejo de Ministros apruebe la desclasificación y que los documentos vean la luz oficialmente a través del Boletín Oficial del Estado supone reconocer que el derecho a la verdad es un pilar democrático. No se trata de reabrir heridas, sino de cerrar interrogantes. La transparencia no erosiona la democracia; La fortalece.
Las democracias consolidadas asumen que su legitimidad no descansa en relatos inmutables, sino en la capacidad de revisar críticamente su pasado. Alemania ha abierto archivos de la Stasi; Estados Unidos ha desclasificado miles de documentos sobre episodios oscuros de su historia.
España, cuya ley de secretos oficiales arrastra inercias de otra época, ha sido de las más reticentes. Dar este paso implica reconocer que la transición democrática, por exitosa que fuera, no está exenta de zonas grises.
La apertura de los archivos puede tener varios efectos:
En primer lugar: Permitirá a historiadores e investigadores trabajar con fuentes primarias completas. Esto no es menor. La historia documentada es siempre más robusta que la historia basada en filtraciones o testimonios fragmentarios.
En segundo lugar: Puede contribuir a desactivar teorías conspirativas que prosperan precisamente en ausencia de información verificable. Cuando el Estado calla, el rumor ocupa su lugar.
Pero la desclasificación también comporta riesgos políticos. Si los documentos revelaran actuaciones controvertidas de actores institucionales, el debate público podría tensarse. No obstante, ese posible malestar no debería ser argumento para el silencio. La democracia no se mide por su capacidad de evitar la incomodidad, sino por su disposición a afrontarla dentro del marco constitucional.
Además, este anuncio se produce en un contexto en el que la calidad democrática es objeto de escrutinio constante, tanto dentro como fuera del país. Frente a quienes cuestionan la solidez institucional, abrir los archivos del 23-F envía un mensaje claro: El sistema democrático español confía en sí mismo. No necesita blindar su pasado para sostener su presente.
Hay también una dimensión generacional. Para quienes vivieron aquella jornada, el 23-F fue una experiencia de miedo real, una amenaza tangible a libertades recién estrenadas. Para las generaciones nacidas en democracia, es un capítulo de los libros de texto. Permitir el acceso a los documentos es tender un puente entre memoria y conocimiento, entre vivencia y análisis.
En última instancia, la desclasificación no cambiará el hecho esencial: El golpe fracasó y la democracia sobrevivió. Pero puede cambiar algo igualmente importante: La relación de los ciudadanos con su historia reciente.
Una democracia adulta no se construye sobre silencios prolongados, y las verdades pseudomitificadas que algunos sectores no están dispuestos a negar, sino sobre la convicción de que la verdad, compleja, matizada, incluso incómoda, es siempre preferible a la hinopia.
Si mañana se abren esos archivos, España no estará ajustando cuentas con la historia. Estará demostrando que la verdad nunca debilita a un país libre, lo hace invencible.