Cuando el viento de la guerra sopla fuerte, hay naciones que se inclinan y naciones que afirman el paso. Europa conoce demasiado bien las consecuencias de esa diferencia. El siglo XX dejó suficiente devastación como para recordar lo que ocurre cuando las decisiones de guerra se toman lejos de la voluntad democrática.
Hay países que confundieron la alianza con la obediencia y los hay que entendieron que la dignidad de un Estado democrático consiste en conservar la capacidad de decidir por sí mismo cuándo entra en una guerra y cuándo se mantiene al margen de ella. España, en estos días convulsos, ha elegido recordar esa verdad elemental.
El calendario internacional marca cada 5 de marzo el Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación, una jornada promovida por la Organización de las Naciones Unidas para recordar al mundo que la paz no es una ingenuidad moral, sino una tarea política permanente.
La coincidencia resulta casi irónica. Mientras esa efeméride invita a reflexionar sobre el peligro de la proliferación armamentística, la escena internacional vuelve a llenarse de discursos que hablan con demasiada ligereza de bombardeos, represalias y demostraciones de fuerza.
En medio de ese clima, el Gobierno español ha tomado una decisión que representa a una mayoría del país, pero que ha provocado una tormenta diplomática: No participar en la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que carece de respaldo claro del derecho internacional y que amenaza con desencadenar una escalada imprevisible en Oriente Próximo.
La reacción desde Washington no se ha hecho esperar. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido con amenazas comerciales y con insinuaciones inquietantes sobre embargos, o la posibilidad de utilizar bases militares estadounidenses situadas en territorio español incluso sin autorización del Gobierno.
Conviene medir bien el alcance de esas palabras. Porque detrás de la retórica habitual de la política internacional de este señor naranja, aparece una idea que ninguna democracia debería aceptar sin protestar: La insinuación de que un país aliado puede amenazar a otro para forzar su voluntad, o actuar dentro del territorio de otro Estado al margen de la voluntad de sus instituciones legítimas.
Dicho de otra manera: Que la capacidad de decidir de un país puede convertirse en un obstáculo prescindible cuando entra en conflicto con los planes estratégicos de una potencia ‘mayor‘.
España sabe bien lo que significa esa clase de dilema. Hace poco más de veinte años, el Gobierno de José María Aznar decidió acompañar a George W. Bush en la invasión de Irak.
Aquella decisión, presentada entonces como una ‘necesidad estratégica’, terminó revelándose como uno de los grandes errores geopolíticos de comienzos de siglo. La guerra se justificó con argumentos que el tiempo desmontó y dejó tras de sí atentados que aún no se olvidan, una región más inestable y un profundo descrédito para quienes la impulsaron.
Pero aquella crisis dejó también algo más valioso: Una memoria cívica.
Millones de ciudadanos salieron a las calles bajo una consigna que se convirtió en una de las expresiones más poderosas de la democracia española. No a la guerra.
Aquella movilización fue la afirmación de un principio profundamente democrático. Las guerras que comprometen el futuro de un país no pueden decidirse en despachos lejanos ni justificarse con argumentos que la ciudadanía percibe como dudosos.
Ese principio sigue vivo.
La negativa del Gobierno español a implicarse en un conflicto militar que considera ilegítimo no puede entenderse sin esa memoria histórica. España aprendió en Irak que las guerras emprendidas sin legitimidad internacional suelen traer consecuencias que duran décadas.
Aprendió también que la política exterior de una democracia debe responder antes a la voluntad de su ciudadanía que a la presión de cualquier aliado, por poderoso que sea. Una alianza entre democracias no es una cadena de mando.
España es miembro de la OTAN, mantiene una relación estratégica con Estados Unidos y participa activamente en misiones internacionales de seguridad. Nadie discute esa realidad ni la importancia de la cooperación transatlántica.
Pero la alianza entre países libres se sostiene sobre un principio sencillo: El respeto mutuo entre Estados soberanos. Las bases militares estadounidenses en territorio español existen gracias a acuerdos firmados entre gobiernos legítimos y se rigen por normas claras que reconocen la jurisdicción del país anfitrión.
Imaginar que esas bases pueden utilizarse al margen de la decisión del Gobierno español no es una discrepancia diplomática menor. Es cuestionar directamente la soberanía del país que las alberga.
Europa ha comprendido rápidamente la dimensión del problema. Diversos países como Francia, Alemania o Portugal, y líderes comunitarios como la presidenta de la Unión Europea Úrsula von der Leyen o Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Comercio, han mostrado su apoyo y han recordado que las amenazas comerciales dirigidas contra España afectan al conjunto de la Unión Europea.
Estos gestos, a pesar de las diferencias en materia de política exterior de los países de la Unión, son la afirmación de que la autonomía política de los Estados europeos no puede convertirse en moneda de cambio en medio de las tensiones geopolíticas globales.
En España, el debate ha empezado a recorrer un camino parecido. La política española vive habitualmente instalada en la confrontación permanente. Las diferencias ideológicas son profundas, las disputas territoriales intensas y el desacuerdo forma parte del paisaje político cotidiano.
Pero hay momentos en los que el ruido se vuelve secundario, o debería. Momentos en los que aparece algo más antiguo que cualquier partido. La conciencia de país, esa certeza silenciosa de que hay decisiones que solo pueden tomarse aquí.
Eso ocurrió en 2003. Y puede volver a ocurrir ahora.
Porque lo que está en discusión no es solo una operación militar en Oriente Próximo. Lo que está en discusión es si un país puede decidir su política exterior sin ser amenazado económicamente o presionado diplomáticamente por un aliado más poderoso.
Ahí se traza la línea que separa a los aliados de los subordinados.
La presión de Donald Trump ha tenido al menos un efecto inesperado: Recordar algo que a veces se olvida en medio del ruido político español. Este país discute con furia, se divide, se reprocha, se equivoca incluso. Pero cuando alguien desde fuera pretende decidir por nosotros y nosotras, la discusión cambia de naturaleza.
Entonces ya no se habla de ideología. Para esto no hay izquierdas o derechas, aunque a algunos les pese. Aquí habla de soberanía.
España no es un satélite militar ni un territorio disponible para estrategias ajenas, y menos para un jefe de Estado que entiende la política exterior como un juego de egos y vanidades teñidas con un mal bronceador.
Es una democracia que decide por sí misma, conflictiva pero madura, y que sabe elegir cuándo participa en un conflicto y cuándo no. Y ese derecho no depende de amenazas comerciales, ni de presiones diplomáticas, ni de la impaciencia de ningún líder extranjero.
Hace veinte años millones de españoles lo dijeron en las calles.
Hoy, una mayoría de este país vuelve a decirlo claro.
No a la guerra.