Hay expresiones que repetimos tanto que terminan pareciendo evidentes. Libertad de expresión es una de tantas. La invocamos a cada minuto cuando alguien denuncia una censura, cuando una opinión provoca una polémica, cuando un periodista publica algo incómodo o cuando una conversación en redes termina convertida en una batalla.
Sin embargo, verbalizar constantemente un derecho no significa necesariamente comprenderlo. Quizá convenga recordar algo elemental: la libertad de expresión no consiste simplemente en poder decir cualquier cosa.
La Constitución reconoce el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, pero también el derecho a comunicar y recibir información veraz. Además, prohíbe la censura previa. Son garantías esenciales porque una sociedad libre necesita ciudadanos capaces de pensar, discrepar, criticar y publicar sin que el poder decida de antemano qué opiniones resultan aceptables.
El artículo 20, sin embargo, establece también sus límites, especialmente en el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. A ellos se suman límites desarrollados por otras leyes, incluido el Código Penal, que contempla desde las amenazas o determinadas calumnias e injurias hasta conductas relacionadas con los delitos de odio, la libertad religiosa o la protección penal de los sentimientos religiosos.
Ese equilibrio resulta arduo a la hora de competir con cualquier slogan. Podemos criticar con dureza una gestión pública, una decisión empresarial o el comportamiento de una persona. También, sostener opiniones desagradables, equivocadas o profundamente impopulares. Una democracia que solo protegiera las palabras amables estaría protegiendo muy poca cosa.
Pero expresar una opinión no es exactamente lo mismo que atribuir un hecho. Decir que alguien nos parece un mal gestor pertenece al terreno de la valoración. Afirmar que ha cometido un delito plantea una cuestión distinta, porque hablamos ya de hechos que pueden contrastarse.
También conviene recordar que la verdad no concede por sí sola permiso para publicarlo todo. Una persona conserva constitucionalmente un espacio de intimidad incluso cuando aquello que pretendemos contar sea cierto. La legislación protege, como recordamos al principio, precisamente el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen frente a determinadas intromisiones ilegítimas.
Sabemos que cualquier teléfono permite grabar, fotografiar y distribuir una escena ante miles de personas en pocos minutos. Esta frontera merece mucha más atención de la que solemos prestarle.
Existe, además, una confusión particularmente extendida: recibir una crítica no significa haber sido censurado. Quien tiene derecho a expresar una opinión debe asumir que los demás poseen exactamente el mismo derecho para rechazarla, discutirla o responderle.
Tampoco sentirse ofendido convierte automáticamente una expresión en ilícita. Si cada incomodidad pudiera transformarse en prohibición, la libertad acabaría dependiendo de la susceptibilidad de quien escucha. Y hay un código penal que lo regula, no de forma perfecta para todos y todas, pero si de forma clara.
Los límites existen porque los derechos fundamentales no habitan compartimentos estancos. Nuestra libertad convive con la dignidad, la intimidad y los derechos de los demás. La dificultad se encuentra en proteger ambos espacios sin convertir la excepción en censura, ni la libertad en impunidad.
Por eso defender la libertad de expresión exige algo más complicado y sutil que proclamarla: soportar palabras que nos disgustan, combatir ideas con argumentos y aceptar que también nuestras palabras encuentran fronteras cuando lesionan derechos ajenos.
Ser libres para hablar no significa vivir sin límites. Significa que esos límites los establezcan la ley y los derechos de toda la ciudadanía, nunca el miedo, la arbitrariedad del poder o la intolerancia ante quien piensa diferente. Ahí os lo dejo.