Hay asuntos que solo parecen urgentes cuando empiezan a faltar. El agua es uno de ellos. Abrimos el grifo y damos por hecho que seguirá saliendo mañana, que los campos podrán regarse, que los ríos continuarán llevando agua y que los acuíferos serán capaces de soportar una extracción más. La normalidad ha convertido el agua en invisible, precisamente cuando su gestión debería ocupar un lugar central en nuestras decisiones.
Del 23 al 27 de agosto, Estocolmo acoge la Semana Mundial del Agua 2026, organizada por el Stockholm International Water Institute bajo el lema “Agua para las personas y el progreso”. No es una elección casual. La institución quiere situar el debate más allá de la conservación ambiental: hablar de agua significa hablar también de economía, salud, alimentación, desigualdad, desarrollo y estabilidad social.
Las cifras explican la dimensión del problema. Unos 2.100 millones de personas todavía carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura y 3.400 millones no disponen de un saneamiento seguro. Son números tan enormes que corren el riesgo de convertirse en una estadística más. Pero detrás de ellos hay familias que recorren kilómetros para llenar un recipiente, niños expuestos a enfermedades evitables y comunidades cuya prosperidad queda condicionada por algo tan elemental como disponer de agua limpia.
Desde Castilla-La Mancha, este debate internacional debería resultarnos especialmente cercano. Aquí sabemos que el agua no es una cuestión teórica. Está en nuestros cultivos, en nuestros pueblos, en nuestros humedales y bajo nuestros pies. Las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera, el Alto Guadiana o los acuíferos manchegos son también una lección permanente sobre el difícil equilibrio entre desarrollo y conservación.
Durante demasiado tiempo hemos planteado el debate del agua como una elección entre extremos: agricultura o medio ambiente, crecimiento o protección, territorios que ganan frente a territorios que pierden. Es una visión demasiado simple para un recurso demasiado complejo. La verdadera obligación de las administraciones consiste en garantizar agua para vivir y producir sin comprometer la que necesitarán quienes vengan después.
Eso exige modernizar regadíos, reducir pérdidas en las redes, reutilizar más agua, proteger las masas subterráneas, perseguir las extracciones ilegales, mejorar la depuración e invertir en investigación. Pero exige también algo menos visible: una cultura del agua basada en la responsabilidad. Ni todos los problemas pueden resolverse pidiendo sacrificios al ciudadano mientras se toleran ineficiencias estructurales, ni podemos actuar como si cada metro cúbico disponible tuviera que ser necesariamente consumido.
La Semana Mundial del Agua terminará el jueves y Estocolmo dejará de ocupar titulares. Los problemas, sin embargo, seguirán aquí.
Porque el agua no entiende de semanas internacionales. Entiende de lluvias, reservas, decisiones y tiempo. Y precisamente el tiempo es el recurso que tampoco deberíamos seguir desperdiciando.