Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La fecha no fue escogida al azar. Ese día de 1990, hace ya 36 años, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades mentales. La decisión supuso mucho más que una modificación técnica en un manual médico. Representó una rectificación histórica de enorme alcance moral, científico y social. También obligó a muchas instituciones a revisar décadas de prejuicios presentados bajo apariencia de autoridad clínica.
Vista desde hoy, aquella consideración médica parece incomprensible. Sin embargo, conviene recordar que durante buena parte del siglo XX la homosexualidad fue observada desde numerosos ámbitos como una desviación que debía corregirse, ocultarse o tratarse. La medicina, la psiquiatría y parte de la psicología contribuyeron durante décadas a consolidar una mirada social basada en la sospecha y el estigma. El diagnóstico no permanecía encerrado en congresos científicos o manuales especializados. Terminaba penetrando en las familias, en las aulas, en los tribunales y en la vida cotidiana de miles de personas obligadas a crecer bajo la idea de que había algo defectuoso en ellas.
Las etiquetas institucionales nunca son inocentes. Cuando una sociedad convierte una diferencia en enfermedad, no solo clasifica. También condiciona comportamientos, legitima discriminaciones y construye silencios. Durante años, innumerables personas aprendieron a ocultar una parte esencial de su vida por miedo al rechazo social, laboral o familiar. Otras fueron sometidas a supuestas terapias de reconversión que hoy resultan incompatibles con cualquier concepción seria de los derechos humanos. Muchas más simplemente asumieron que la discreción era la única forma posible de supervivencia.
Por eso la decisión de la OMS en 1990 tuvo un alcance simbólico extraordinario. No convirtió la homosexualidad en algo aceptable de un día para otro, ni eliminó automáticamente décadas de prejuicios acumulados, pero sí retiró uno de los principales respaldos institucionales que habían servido para justificar la marginación. La despatologización marcó un límite claro entre la evidencia científica y las convicciones morales disfrazadas de diagnóstico.
Conviene además recordar que 1990 no pertenece a un pasado remoto. Buena parte de la población adulta actual nació, creció o comenzó su vida profesional en una época en la que la homosexualidad todavía figuraba oficialmente como trastorno. La cercanía temporal de aquella decisión permite entender hasta qué punto los avances sociales pueden ser rápidos y, al mismo tiempo, frágiles. En apenas unas décadas, numerosos países aprobaron leyes de igualdad, reconocieron matrimonios entre personas del mismo sexo y normalizaron una visibilidad que generaciones anteriores apenas podían imaginar. Pero ningún progreso colectivo debería contemplarse como irreversible.
Las agresiones homófobas, los discursos de odio y determinadas formas de hostilidad cotidiana siguen presentes en distintos ámbitos sociales y políticos. A veces aparecen de manera explícita. Otras veces sobreviven bajo fórmulas aparentemente más sutiles, revestidas de burla, desprecio o cuestionamiento constante de derechos ya consolidados. La convivencia democrática no se mide únicamente por las leyes que aprueba un Estado, sino también por la tranquilidad con la que cualquier ciudadano puede vivir su vida sin miedo a convertirse en objetivo de señalamiento.
El 17 de mayo no debería reducirse a una fecha simbólica dentro del calendario internacional. También constituye una oportunidad para recordar hasta qué punto las instituciones pueden equivocarse cuando confunden conocimiento con prejuicio. La homosexualidad nunca fue una enfermedad. Lo enfermizo fue el empeño de demasiadas sociedades por convertir la diferencia en anomalía y la diversidad humana en motivo de sospecha. La rectificación de la OMS hace 36 años no borró el daño causado, pero sí dejó una lección que continúa plenamente vigente: ningún consenso social, político o científico está libre de revisión cuando la dignidad humana queda relegada a un diagnóstico.