El desahucio de Maricarmen vuelve a demostrar que el problema de la vivienda en España no está en la falta de discursos. Está en la falta de soluciones.
Maricarmen tiene 87 años, llevaba décadas viviendo en la misma casa y pagaba su alquiler. No estamos hablando de una ocupación ni de una situación de impago prolongado. Estamos hablando de una persona mayor y vulnerable que ha terminado fuera de su vivienda mientras las distintas administraciones se reparten responsabilidades. Con la ‘neutral’ intervención de la ‘tertulianía’ bien avenida. Y muchos reels.
Después del desahucio ha ocurrido lo de siempre. Unos han acusado a otros de no haber aplicado determinadas medidas. Otros han respondido que no tenían competencias suficientes. La oposición ha señalado al Gobierno. El Gobierno ha señalado a otras administraciones. Y mientras tanto, el resultado es el mismo: nadie evitó el desahucio. Ese es el problema.
La vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos políticos del país. Todos hablan de ella. Todos anuncian medidas. Todos prometen intervenir de una forma u otra. Pero casos como el de Maricarmen, o el de David y su hijo, muestran la distancia entre el discurso y la realidad.
Hay además una cuestión que no puede evitarse. ¿Qué debe pesar más cuando entran en conflicto el derecho de propiedad de una sociedad inmobiliaria y la protección de una persona de 87 años en situación de vulnerabilidad que estaba pagando su alquiler?
No se trata de negar el derecho a la propiedad. Tampoco de equiparar este caso con el de un pequeño propietario. Son situaciones diferentes y deberían tratarse como tales.
La Constitución protege la propiedad privada, pero también establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Para todas y todos. El debate jurídico es complejo. La responsabilidad política es bastante más sencilla: las administraciones tienen que utilizar las herramientas disponibles para impedir que determinados casos terminen como terminó este.
Y si las herramientas no son suficientes, habrá que cambiarlas.
También merece atención lo ocurrido durante el desahucio. Las imágenes de la actuación policial contra algunas de las personas que intentaban impedirlo deben ser aclaradas. No corresponde a este medio sacar conclusiones jurídicas únicamente a partir de unos vídeos, pero sí exigir que se revise si la actuación fue proporcionada.
Lo mismo ocurre con la prensa. Hubo restricciones al acceso de periodistas durante parte del operativo. En un asunto de evidente interés público, cualquier limitación al trabajo informativo debe estar suficientemente justificada. El derecho a informar no puede convertirse en una cuestión secundaria cuando la actuación de los poderes públicos está siendo objeto de escrutinio.
El caso de Maricarmen también ha dejado algo evidente. La preocupación por la vivienda empieza a superar las fronteras ideológicas habituales. Personas con posiciones políticas muy distintas están viendo el mismo problema: cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, mantenerla o afrontar una subida del alquiler. Por eso sobra buena parte del ruido posterior.
Da igual quién consiga colocar mejor su relato después de un desahucio. Da igual quién encuentre el argumento más útil para responsabilizar al adversario. Ninguna de nuestras autoridades, ni políticas ni judiciales, hizo nada efectivo para evitarlo.
Ahora, lo importante es bastante más simple: que no vuelva a ocurrir.
Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos tienen competencias, capacidad legislativa y recursos para actuar. Si las normas existentes no funcionan, tendrán que modificarlas. Si no se aplican, tendrán que aplicarse. Da igual el signo político. Si las administraciones no se coordinan, para esto y muchas otras cosas, tendrán que empezar a hacerlo.
Porque mientras todos hablan de vivienda, hay personas que siguen perdiendo la suya.
Posdata: Deberíamos reconocer como país el gran trabajo del Sindicato de Inquilinas y de todas las personas que pusieron su cuerpo de forma pacífica para defender el derecho a una vivienda digna frente a empresas especuladoras. Puede que haya personas que no estén de acuerdo en muchas cosas con estas personas, pero, por lo menos, no se quedaron mirando.