Últimamente me estoy encontrando demasiadas noticias en Castilla-La Mancha sobre agresiones y abusos sexuales a menores que me dejan una pregunta en la cabeza:
¿cuánto vale una agresión sexual a un menor?
No hablo de saltarse la ley ni de pedir condenas a la carta, tampoco de decir que los jueces no hacen su trabajo. Hablo de algo mucho más sencillo: de lo que cualquier persona puede sentir al leer determinadas noticias y encontrarse con determinadas cifras.
12 años que se quedan en 4. 10 años que se quedan en 3. 4 años que terminan en 2 y con la prisión suspendida.
Hay conformidades, reconocimientos de los hechos, atenuantes, reparación del daño y circunstancias jurídicas que explican esas diferencias y precisamente por eso no quiero simplificarlo diciendo que «los jueces no castigan» o que las sentencias no tienen una explicación. La tienen.
Pero tampoco quiero hacer como si esas cifras no provocaran nada.
Porque detrás de esos números hay personas, hay menores. Hay víctimas que tienen que seguir viviendo después de que un tribunal haya puesto una cifra a algo que les habra cambiado la vida para siempre.
Y quizá deberíamos hablar más de esto.
Porque una cosa es que una pena sea legal y otra muy distinta que socialmente entendamos qué significa. Cuando una persona lee que alguien que agredió sexualmente a un menor recibe cuatro años después de que se pidieran diez, o que alguien condenado por abusar sexualmente de una menor termina con dos años de prisión suspendida, es normal que aparezca una pregunta incómoda: ¿por qué?
¿Por qué se ha pasado de diez a cuatro? ¿Por qué cuatro terminan siendo dos? ¿Qué significa realmente una prisión suspendida? ¿Qué circunstancias han hecho que la condena termine siendo esa?
No para señalar a un juez, ni para convertir cada sentencia en un juicio paralelo, simplemente para entenderlo.
Y creo que las víctimas también tienen derecho a entenderlo. Porque bastante duro es haber vivido este abuso como para tener además que intentar comprender por qué la cifra que aparecía inicialmente ha terminado siendo otra o ninguna.
Quizá estamos explicando demasiado poco y dejando que los números hablen solos y los números, sin contexto, pueden hacer mucho daño.
Porque cuatro años pueden parecer cuatro años para quien lo lee desde fuera. Dos años pueden parecer dos años. Pero detrás de esos años hay un menor, una agresión y unas consecuencias que no empiezan ni terminan cuando se dicta una sentencia.
Una condena no borra lo ocurrido ni devuelve la infancia. No elimina el miedo, ni hace desaparecer las consecuencias.
La justicia tiene que aplicar la ley, evidentemente, pero también necesitamos una sociedad que pueda entender cómo se aplica esa ley. Necesitamos que se explique por qué una pena solicitada termina siendo otra, qué circunstancias jurídicas han influido y qué significa realmente esa condena.
Porque cuando no se explica, el silencio lo llenamos nosotros. Y ese silencio puede llenarse de indignación, de dudas, de desconfianza o de una sensación especialmente dolorosa para quien ha sido víctima: que aquello que le ocurrió cuando era menor terminó reducido a una cifra.
Por eso sigo con la misma pregunta: ¿cuánto vale una agresión sexual a un menor? No creo que pueda responderse con una cifra.
Pero cuando vemos determinadas condenas, creo que al menos tenemos derecho a preguntar qué hay detrás de ella.